Un alcance a las consideraciones de la Reforma electoral del Plan B.

1. No es difícil vaticinar y afirmar con mucha precisión y antelación que el Plan B en materia electoral ya aprobado por el legislador de las dos cámaras que integran nuestro Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación, será rechazado rotundamente por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya se ha dicho en muchos medios de comunicación impresos y digitales por analistas y comentaristas, que el comportamiento de los que deberían velar por los intereses de la nación y de las inmensas mayorías, ha sido todo lo contrario, una justicia al servicio de los más oscuros intereses de grupos económicos y políticos contrarios a los profundos cambios de transformación que implementa el gobierno de la presidencia de la república y su proyecto de nación, la 4ta Transformación. Solo es cuestión de ver todas las resoluciones que ha tomado jueces y ministros de la SCJN en torno a personajes de lavado de dinero y actos de corrupción o desechada toda culpabilidad jurídica como son los casos de Rosario Robles, Francisco Cabeza de Vaca, entre otros muchos más y amen de las iniciativas de reforma eléctrica.
2. Y es que al Presidente de la Republica, la elite de Morena, asesores y especialistas les faltó tino y una profunda coordinación entre todos ellos para que, desde la llegada al poder de Morena en 2018, le hayan dado un tratamiento de profundidad y con mucho análisis en la elaboración, primero del Proyecto Constitucional de reforma electoral en materia electoral, y luego en la presentación racional del Plan B, digo todos sabíamos que la propuesta constitucional sería rechazada, pues Morena y sus aliados del Pvem, Pes y Pt no cuentan con los votos necesarios para integrar una mayoría calificada, de ahí el Plan B, que también por una elemental de obviedad política , será, insisto, rechazada por los chuecos conservadores Antiamlo de la SCJN. 3. Aun así, también sabíamos, muchos, que el Plan B traería también bastantes complicaciones para el Presidente de México, su partido y aliados. Y es que como lo mencioné en uno de los artículos de mis consideraciones sobre el Plan B, este no contó con la construcción social para su elaboración.

Es decir, lo que debió haberse hecho, por estrategia política, es que, primero, haya sido Morena la responsable de presentar tanto lo que fue el proyecto constitucional como lo fue el Plan B y no el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de Presidente de México.

Aislamiento Político.

4. Pero lo más importante de todo esto, es que el señor Presidente y Morena se olvidaron, torpemente, de construir consensos políticos y sociales entre los diversos grupos, asociaciones, universidades, intelectuales honestos, movimientos de la diversidad sexual, del consejo nacional indígena, populares, feministas, grupos vulnerables, dirigentes sociales, etc., esto es, se debió convocar a todas las expresiones sociales y políticas que representan a la mayoría del pueblo de México, cuya finalidad era crear las condiciones para dinamizar un movimiento social de transformación en apoyo a una reforma electoral, consensada por todos y no solamente por Morena, sus aliados en las cámaras, inclusive desconocían tanto las reformas constitucionales como el Plan B.

La Morena Despistada

5. Morena si bien se ha desgarrado las vestiduras y se ha enfrentado al bloque opositor de la derecha electoral del PRIANRD en las cámaras del congreso de la unión, esa agrupación se desvinculado totalmente del grupos sociales representativos de la sociedad para difundir y promocionar el contenido del Plan B. Escasamente ha salido en lugares públicos, pero más que difundir, solo lo hacen para salir en la foto y que vean sus dirigentes que estuvo presente tal servidor o los nuevos aspirantes a un cargo popular o puesto. En vez de congregarse, bien harían los militantes de ese instituto político, hacer barridos por las calles de las colonias, fraccionamientos y barrios urbanos, como lo hacen solo cuando quieren obtener un cargo popular de regiduría, diputado federal local o alcaldes. No se les ve por ningún lado, los dirigentes estatales más que serlo, solo lo asumen como un cargo o puesto remunerado.

Corregir dos aspectos centrales del Plan B

6. Para finalizar, sin haberse metido en tanto embrollo político con la oposición de la derecha electoral del PRIANRD y un sector de la derecha empresarial corrupta representado por Claudio X González, lo que se debió, Morena y sus aliados, insisto, realizado una consulta con la sociedad civil, ahora cobijada y traída en el discurso de los conservadores políticos, pudo haber presentado una simple reforma al Plan B consistiendo en lo siguiente:

Instruir a la cúpula partidista del Consejo General del INE, para que realice los estudios técnicos y de procedencia factible del uso de la urna electrónica[i]  para el proceso electoral federal 2024, con esta estrategia muchos resultara beneficiados pues habría un ahorro considerable pues ya no se imprimirán millones y millones de boletas electorales y la impresión solo de una acta de instalación y cierre de la casilla, consignando en ella los resultados electorales. Además, como lo he sostenido, la fusión de dos vocalías en una sola, desde el nivel central, local y distrital: vocalía de capacitación y de organización electoral. Esto hubiera implicado, esperar a la conformación de los cuatros consejeros electorales, incluyen al nuevo Presidente del INE, con la finalidad de que, a partir de la Ley de Austeridad republicana, se establezcan relaciones respetuosas de coordinación en el INE y hacienda y legisladores para acordar mecanismos de racionalidad presupuestaria y de recursos materiales sin trastocar violaciones a disposiciones constitucionales establecidas, principalmente en el Art. 41.

Autor: EZEQUIEL JUÁREZ

[i] En el siguiente articulo explicaré porqué debe aprobarse definitivamente el uso de la urna electrónica en los procesos electorales federales y locales, como adelanto, el escrutinio y cómputo tradicional de los votos en la casilla, es una estrategia, desde hace muchos años, que utilizan algunos partidos políticos conocedores de instrumentar fraudes electorales muy soterrada y discreta para aumentar o disminuir votos para perjudicar o beneficiarse, según sea el caso.