La lucha de los productores agrícolas de Sinaloa
El proceso de cambio sufrido después del mandato electoral del 2018 impacto a una buena parte de la sociedad mexicana y algunas han quedado intactas, tal es el caso de los productores primarios comerciales del noroeste del país.
Autor: Ramón Lucas Lizárraga
Las políticas públicas en materia de patrón de cultivos, usos de agua, tierra, tecnología productiva, estrategia comercial, cadenas de valor y procesos de industrialización, siguen siendo prácticas de los gobiernos previos al fenómeno electoral referido, como si este sector no hubiese sido factor para su impulso.
Poco han cambiado las condiciones productivas y algunas se han agravado, como el cierre de fuentes de financiamiento, incremento sustancial de los insumos, como el nitrógeno cuyo incremento rebasa el 350 % de un ciclo a otro, la semilla que se incrementa el 30 % en igual lapso. Aunado a ello, la política de comercialización y precios al agro se mantiene intacta, obedeciendo los dictados de los intereses de los poderosos industriales agrícolas del país, como Maseca, Minsa, Kellogs, Sabritas y otros que imponen los precios de referencia a los granos y el precio al consumidor final, alcanzando utilidades por encima del 75 % de la cadena de valor.
Este trato, generador de ruina a los productores y factor de pobreza alimentaria, debe ser atendido de manera estratégica por el Estado mexicano, de no ser así, difícilmente se garantiza el derecho a la rentabilidad de esta actividad productiva y el combate a la discriminación económica por la alta especulación en los precios de la canasta básica.
En principio, para el caso del maíz blanco de México y el trigo panificable, los referentes económicos para el establecimiento de precios al productor deben ser los de la economía nacional, los costos de producción, tasa de interés, y precios al consumidor. No los referentes del mercado internacional y costos de producción de estados unidos, con quienes mantenemos fuertes asimétrias económicas, de producción, de calidad y fitosanidad.
Esto justifica, aunque no en su amplia dimensión, la definición de precios justos a la tonelada de trigo y maíz, con 8 mil pesos al panificable y 7 mil al de la tortilla. Porque la cadena de valor del maíz blanco tiene un costo final de 25 pesos por kg de tortilla y de ello, al productor solo pretenden pagar 7 pesos que representa 28 % de la cadena de valor, siendo lo justo, al menos el 40 %, es decir, 10,000 por tonelada.
Este tipo de tratos injustos y abusivos del modelo económico, impuesto por los gobiernos previos, ya no se justifica al actuar del gobierno en turno, hace falta un golpe de timón en la materia y el único que puede y debe hacerlo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya lo hizo con el guachicol de Pemex y del gas, hoy es necesario acabar con el guachicol del Trigo y del Maíz.
Esa es y debe ser la ruta de lucha de los productores agrícolas de Sinaloa.
Culiacán, Sinaloa, marzo de 2023
Ramón Lucas Lizárraga.
Presidente de UNTAP, A.C. y FSM, A. C.