El Estado de bienestar
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona lo siguiente en relación con el Estado de bienestar:
El Estado de bienestar no es un concepto nuevo. Desde el Siglo XIX, los movimientos obreros impulsaron en muchos países del mundo reivindicaciones que más tarde habrían de quedar plasmadas en políticas sociales tales como los servicios universales y gratuitos de educación y salud, las vacaciones pagadas, la jornada máxima de trabajo y los salarios mínimos. Con marcadas diferencias, tanto en Europa como en Estados Unidos se edificaron Estados de bienestar. En el caso de México, los artículos 3, 27, 123 y otros de la Constitución de 1917 sentaron las bases para un Estado de Bienestar con características propias en un país predominantemente agrario y de tradiciones indígenas comunitarias (Gobierno de México, 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:34)
Los antecedentes del Estado de bienestar se ubican en los países industrializados de Europa en las postrimerías del siglo XIX, como reacción y temor al comunismo y a las luchas obreras. De ahí surgió el primer sistema de seguridad social establecido en el lapso 1883-1889 por el gobierno conservador de Prusia, presidido por Otto Von Bismark. Dicho sistema se creó en tres etapas para los trabajadores de las industrias: 1) seguro de enfermedad (1883); 2) seguro de accidentes (1884), y 3) seguro de invalidez y vejez (1889).(OIT, 1970).
En la Europa industrial de las primeras dos décadas del siglo veinte, las contradicciones sociopolíticas entre los movimientos obreros y los gobiernos conservadores dieron lugar al surgimiento del fascismo, como forma de gobierno autoritaria y represiva para contener el avance del comunismo. La lucha ideológico-política se desarrolla entre liberales-individualistas-conservadores y los reformistas de la democracia social, corriente escindida de la izquierda comunista radical; los primeros pugnan por la defensa del Estado gendarme de carácter liberal burgués, el individualismo y la libertad de empresa, como valores fundamentales que debían tener preeminencia sobre la igualdad y el bienestar; por su parte, los reformistas, promueven un Estado Social e interventor y preconizan la igualdad, el bienestar colectivo y la protección social como valores supremos.
En 1933, en los Estados Unidos de América, en medio de la gran depresión económica derivada de la crisis de 1929, el presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha el plan mundialmente conocido como New Deal, en el cual por primera vez se aplican medidas macroeconómicas contracíclicas, recomendadas por el economista inglés John Maynard Keynes, las cuales consisten en la intervención del Estado en la economía, el aumento de la inversión pública en infraestructura, el incremento del crédito y los subsidios al consumo con el fin de disminuir el desempleo y mitigar los efectos adversos de la recesión económica.
En 1942, en el Reino Unido, el temor al fascismo y al comunismo trajo consigo el acuerdo entre los laboristas y los conservadores para instituir las medidas recomendadas en el célebre Informe Berveridge (1942), elaborado por el economista normativo y funcionario público William Beveridge. Este postula establecer una renta mínima universal, la universalización del seguro social y su extensión a todos los riesgos y contingencias. De aquí surgió el modelo británico del Welfare State.
El paradigma sueco, surgido de la socialdemocracia europea, y junto con él el de los demás países escandinavos, concibe el Estado de bienestar como un medio para alcanzar el socialismo democrático, donde prevalecen, entre otras características: igualdad e inclusión; protección y seguridad social universal; preservación de la propiedad privada; libertad económica y de mercado; control social de las inversiones y libertad de iniciativa para el progreso económico.
El economista francés Thomas Piketty, un estudioso erudito de la desigualdad, en su obra El Capital en el Siglo XXI (2014) afirma.
La redistribución moderna y, en particular, el Estado social edificado en los países ricos a lo largo del siglo XX se construyó en torno a un conjunto de derechos sociales fundamentales: los derechos a la educación, la salud y la jubilación. Cualesquiera que sean las limitaciones y los retos a que se enfrentan hoy en día esos sistemas de ingresos y gastos, representan un inmenso progreso histórico. Más allá de los conflictos electorales y del juego político partidario, esos sistemas sociales son objeto de un consenso muy amplio, sobre todo en Europa, donde predomina un muy fuerte apego a lo que se percibe como un “modelo social europeo”. (p. 531)
Piketty sostiene que en la actualidad no existe ninguna corriente significativa ni fuerza política de peso que apoye el regreso a un mundo con una tasa de recaudación de 10 o 20% del ingreso nacional (en México es de 17%), donde el Estado sea mínimo. Tampoco se defiende la idea de la expansión del Estado social en los niveles en que lo hizo en el periodo 1930-1980, ya que ello llevaría a aumentar la tasa de recaudación a 70 u 80% del ingreso nacional de aquí al 2050.
Estas consideraciones fundamentales nos llevan a reflexionar en el caso de México, donde será necesario rediseñar el sistema tributario para la sostenibilidad del Estado de bienestar. Por el nivel de su recaudación de impuestos como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) nuestro país se ubica en el último lugar, entre 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En contraste, naciones líderes en competitividad internacional y desarrollo humano, como Francia, Dinamarca y Suecia, registran los mayores ingresos fiscales como porcentaje del PIB. Francia 46.2% de su PIB, Dinamarca 46 % y Suecia, 44%; mientras que el promedio de los países de la OCDE se ubica en 34%, el de México (17%) representa solo la mitad de ese promedio. Existe correlación entre mayores ingresos fiscales y crecimiento económico con bienestar, justicia e igualdad. Los países líderes en muchos aspectos del desarrollo humano son los que recaudan un mayor porcentaje de impuestos sobre la renta y el consumo: Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Reino Unido y España.
Actualmente, en la agonía del modelo neoliberal se debe transitar a un plan integral de finanzas públicas sanas, por el cual se dote al Estado mexicano de un sistema tributario capaz de proveer recursos suficientes para el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades en la promoción del bienestar, el desarrollo económico regional y el equilibrio ambiental.
Por ello, después de esta crisis planetaria, para la viabilidad del Estado de bienestar en México, se deberá rediseñar la política fiscal a efecto de aumentar la recaudación, y al mismo tiempo mejorar la calidad y transparencia del gasto, como medios para lograr los fines de bienestar y justicia distributiva del Estado mexicano.