CORRUPCIÓN EN EL SECTOR HÍDRICO. ¿Quiénes son los responsables de la crisis?
La corrupción en la gestión del agua favorece, principalmente, la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua. Estas condiciones, a su vez, afectan directamente a los ecosistemas y a la población, pues evitan que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y, sobre todo, el acceso al agua potable y saneamiento.
Autor: MC MANUEL BENIGNO CASTRO INZUNZA
En México, la corrupción en el sector hídrico es preocupante pues se manifiesta de distintas formas en todas las etapas de la gestión del agua. En primer lugar, el otorgamiento de concesiones para el uso, extracción y aprovechamiento del agua no siempre se apega a la norma, lo que no sólo pone en duda la inexistencia de conflictos de interés o actos de corrupción, si no que afecta la sustentabilidad de los recursos hídricos a mediano y largo plazo. La corrupción en los organismos operadores de agua tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas, pues son ellos los que se encargan de proveer del líquido a la población.
En México, existen alrededor de 2,688 organismos operadores de agua que distribuyen el líquido a nivel municipal, intermunicipal o estatal. No obstante, sus prácticas clientelares, patrimoniales y de nepotismo impiden el cumplimiento del derecho humano al agua. La existencia de toma clandestina agrava el problema de sobreexplotación. La poca capacidad de vigilancia de las autoridades deriva en que, según reportes oficiales, en uno de cada dos acuíferos se desconozca si los aprovechamientos respetan los límites de la extracción de agua e, incluso, si cuentan con los permisos necesarios. Además, el agua también es robada de las redes municipales de agua potable por la complicidad de los organismos operadores. Las descargas de aguas residuales de los municipios, industrias, comercios, entre otros, no siempre cumplen con la normatividad vigente para evitar la contaminación del agua superficial o del subsuelo, o si lo hacen, la laxitud de la misma no evita los daños ecológicos. Al respecto, se considera que la captura regulatoria, el soborno, la complicidad de las autoridades y la falta de verificación son las causas de este problema. El desarrollo de obras hídricas, en todo su ciclo, suele presentar irregularidades como la adjudicación directa de contratos, el sobreprecio y demora en la terminación de los proyectos. Esta situación es consecuencia de los amplios espacios de discrecionalidad en la planeación y ejecución de las mismas.
Finalmente, la inexistencia de datos o la información incompleta e inoportuna en todas las etapas de la gestión del agua, permite esconder o justificar decisiones discrecionales de los servidores públicos, al mismo tiempo que dificulta el monitoreo ciudadano sobre la gestión del agua. Si bien no existen respuestas simples ante el problema de la corrupción en la gestión del agua, si es posible delinear algunas estrategias generales que ayudarían a cambiar sustancialmente la problemática al atender sus causas principales. Un paso inicial es el fomento y fortalecimiento de la transparencia en el sector, con el fin de disminuir las asimetrías de información —donde se ocultan decisiones discrecionales —, y así impulsar el monitoreo y la participación en la toma de decisiones. La participación ciudadana puede convertirse en el contrapeso de la corrupción. Derivado de ello, y de forma paralela, está el impulso de la rendición de cuentas, para que los actores involucrados se responsabilicen y expliquen su actuar ante otros órganos gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad, con el objetivo de minar el círculo vicioso de impunidad y corrupción.
Finalmente, es importante recordar que estos esfuerzos no pueden, ni deben, realizarse de forma aislada y tendrán pocos frutos si no forman parte de un marco amplio de combate a la corrupción en México. El momento de actuar es ahora. Día a día, el país cuenta con menos agua y de continuar por este camino se llegará a un punto de no retorno. Aún estamos a tiempo de evitar una catástrofe cuyas consecuencias serían difícilmente reparables y lastimarían el bienestar económico, social y ambiental de millones de personas. Combatir la corrupción en el sector agua debería ser prioritario dentro de los próximos años. No olvidemos que nuestro futuro, y el del agua, están irremediablemente vinculados.