RETOS Y PREOCUPACIONES DE LA BUROCRACIA POLÍTICA UNIVERSITARIA
Por: Luis Alberto Guerra Chiquete
1. Introducción: el dilema entre autonomía y autoritarismo
La UAS atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Lo que se presenta como una “reingeniería administrativa y financiera” para sanear las finanzas universitarias se ha convertido en el detonante de un profundo debate sobre el rumbo ético, político y democrático de la institución.
Bajo el discurso de la “viabilidad” y la “modernización”, la administración universitaria ha impulsado una serie de medidas que violentan derechos laborales, restringen la participación democrática y profundizan el control burocrático sobre la comunidad. El autoritarismo, disfrazado de gestión técnica, pretende seguir sustituyendo la democracia universitaria por la antidemocracia y la violencia, la deliberación universitaria por la obediencia administrativa y subordinación irracional.
En el fondo, el problema no es solo financiero: también es político y moral. Se trata de definir si la universidad debe ser una comunidad realmente académica, crítica, solidaria y democrática, o si seguirá trapada en la lógica tecnocrática y elitista de una burocracia universitaria que actúa más como poder corporativo que como institución pública al servicio del pueblo.
2. La falsedad del mito de la aportación de los jubilados
Uno de los argumentos más recurrentes de esta burocracia política es que “no existe en el mundo un sistema de pensiones que no cuente con aportaciones de los jubilados o pensionados”. Esta afirmación es falsa y revela una intención política más que una preocupación técnica.
En la mayoría de los países (México, España, Francia, Italia, Alemania, Canadá, entre otros), con apego a un marco jurídico, los sistemas públicos de reparto funcionan con base en las aportaciones de los trabajadores activos y las cuotas patronales. Una vez jubilados, los trabajadores no vuelven a aportar, porque su pensión es un derecho adquirido y vitalicio, resultado de su trabajo y sus contribuciones pasadas.
La jubilación dinámica universitaria, reconocida en el Contrato Colectivo de Trabajo UAS–SUNTUAS, pertenece a este tipo de sistemas solidarios. Su modificación no es un asunto técnico sino político: busca descargar en los jubilados una responsabilidad financiera que corresponde al Estado y a la administración universitaria. Obligar a los jubilados a contribuir nuevamente sería una doble cotización y además inconstitucional y una violación a los principios laborales fundamentales.
3. Autoritarismo, antidemocracia y simulación institucional
El modelo de gestión actual en la UAS ha mostrado una profunda deriva antidemocrática. Las decisiones más importantes (como la llamada “consulta” sobre la reingeniería financiera) se han realizado bajo mecanismos controlados, sin debate real y con la exclusión deliberada de voces críticas.
En distintos planteles, los estudiantes han denunciado la falta de transparencia en los procesos electorales para consejeros universitarios y técnicos. En la Preparatoria Hermanos Flores Magón, por ejemplo, se documentó que las convocatorias no fueron publicadas adecuadamente, se alteraron los requisitos de inscripción y se promovieron planillas afines a las autoridades universitarias. Además, los estudiantes manifestantes fueron desacreditados y difamados en los canales oficiales de comunicación de la escuela, calificando su protesta como “disturbio”.
Este patrón se repite: la administración sustituye el debate por la manipulación, y la participación por la obediencia. La democracia universitaria se ha convertido en una escenografía, una simulación diseñada para legitimar decisiones previamente tomadas por la élite burocrática universitaria.
El mismo trato se da a los trabajadores y jubilados: silencio, exclusión y desdén. A quienes cuestionan, se les acusa de desestabilizadores; a quienes protestan, de enemigos de la institución. En realidad, los verdaderos enemigos de la universidad son los que la administran como empresa privada y reprimen la libertad de pensamiento. Es triste el papel del personal de seguridad universitaria.
4. Las Preocupaciones de la burocracia universitaria: La respuesta social crece, estudiantes, trabajadores y jubilados en defensa de la universidad pública
A pesar de la campaña de miedo y desinformación, la comunidad universitaria ha comenzado a organizarse. En días recientes, estudiantes de diversas preparatorias (entre ellas, la Central y la Flores Magón) convocaron una manifestación en la Plazuela Rosales para denunciar las arbitrariedades administrativas y exigir respeto a la autonomía estudiantil.
Asimismo, trabajadores activos y jubilados han salido a las calles, defendiendo sus derechos y exigiendo transparencia. Su reclamo no es solo económico, sino ético y político: el derecho a una universidad pública sin corrupción, sin simulación y sin abuso de poder. Los padres de familia respaldan a sus hijos, la solidaridad de la sociedad sinaloense se manifiesta y crece.
El gobernador Rubén Rocha Moya, tras la presión de la comunidad, por fin se reunió con una comisión representativa y asumió tres compromisos:
1. Pronunciarse públicamente contra cualquier afectación a los derechos laborales y universitarios.
2. Solicitar al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aplazar un año la reingeniería para permitir un verdadero diálogo.
3. Promover la instalación de una mesa de diálogo plural con autoridades federales y estatales, así como con representantes sindicales y universitarios.
Sin embargo, la historia reciente enseña que los compromisos políticos solo valen si se cumplen con hechos. Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene la vigilancia y la organización.
5. Conclusión: hacia una reforma ética y democrática
La crisis universitaria no es solo financiera, sino de legitimidad. La UAS enfrenta hoy el reto de liberarse de su burocracia política, que ha convertido la autonomía en un escudo para el autoritarismo y el manejo discrecional de recursos.
El verdadero desafío es reconstruir la universidad desde sus bases:
a. con transparencia financiera y auditorías independientes y con observancia ciudadana
b. con democracia participativa en los consejos y elecciones internas;
c. con dignidad laboral y respeto a los jubilados;
d. y con un compromiso ético con la verdad, la educación pública y la justicia social.
Los trabajadores y estudiantes de la UAS no defienden privilegios, sino la esencia misma de la universidad pública: un espacio de libertad y democracia, pensamiento crítico y solidaridad social.
La UAS debe ser una universidad democrática y al servicio de los sinaloenses puede ser verdaderamente autónoma. Solo una universidad justa puede ser moralmente sostenible.
Y solo una comunidad organizada puede rescatarla de la burocracia que la oprime y la corrompe.