CNDH responsabiliza a autoridades estatales y federales por falta de reparación tras el derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora.
- En la Recomendación, la CNDH señala que, además de Grupo México, autoridades federales y estatales de Sonora también son responsables de violaciones a los derechos humanos de las víctimas del derrame.
- A pesar de la evidencia, CONAGUA continúa negando su responsabilidad y negando acceso a documentos oficiales.
- IMSS-Bienestar argumenta no haber existido como institución en ese entonces; deja de lado compromisos recientes y mesas de diálogos con las comunidades.
El pasado mes de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió la Recomendación 50/20241, la cual documenta las persistentes violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable, y a la salud de las personas en la cuenca del Río Sonora tras el derrame tóxico ocasionado por la minera Buenavista del Cobre, de la empresa Grupo México en 2014, considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería de México.
En el documento, la CNDH constata lo que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos denunciado durante casi 10 años: no sólo la minera ha violado los derechos humanos de las víctimas del derrame; también las instituciones, y de forma persistente a lo largo de casi una década. Éstas no se han coordinado entre ellas para trabajar, cuando es su responsabilidad hacerlo; han omitido cumplir con su responsabilidad; y no han implementado medidas preventivas, administrativas, ni de reparación adecuadas para nadie en la región.
Además, las acciones de remediación y reparación, tanto para las comunidades afectadas, como en términos medioambientales, que algunas autoridades aseguran haber realizado, son insuficientes o inexistentes.
Por otro lado, la CNDH también deja clara (como lo hizo SEMARNAT en su Dictamen) la responsabilidad de Grupo México en este grave desastre, y señala que la empresa tiene la obligación de remediar y reparar el daño persistente; mientras que las autoridades tienen el deber de garantizar que lo haga a través de mecanismos legales. Además, establece que la falta de debida diligencia por parte de la minera para prevenir, y atender el derrame ha generado múltiples violaciones a nuestros derechos humanos y afectaciones al medio ambiente, tal como lo hemos manifestado desde un inicio.
Tras entregada la Recomendación, la mayoría de las autoridades señaladas han aceptado su responsabilidad; sin embargo, la CONAGUA, continúa negándola, lo cual va en la misma línea de su actuar durante años, en los que ha negado el acceso expedito y transparente a documentos oficiales y ha protegido los intereses de la empresa responsable. Por otro lado, el IMSS-Bienestar argumenta que no existía como institución en el momento del derrame, omitiendo que, como autoridad sustituta, tiene el deber actual de proteger a la población y que recientemente ha asumido compromisos en mesas de diálogo con las comunidades.
Han pasado casi dos sexenios y las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar nuestros derechos, mientras la empresa responsable sigue en la impunidad.
Al día de hoy tenemos: metales pesados en la sangre, que se siguen acumulando por la persistente contaminación en agua, aire y suelo; un hospital en obra negra; citas médicas en un Hospital de Especialidades sin toxicólogos, especialistas en salud ambiental o laboratorios para análisis de metales pesados; tinacos almacenando agua de pozos contaminados; y tampoco hay planes ni compromisos para que las 36 plantas potabilizadoras operen a largo plazo. Esto NO es tomar medidas para reparar el daño.
De las recomendaciones que la CNDH hace a las autoridades federales y estatales, en donde se establecen responsabilidades claras, destacamos las siguientes:
En el documento, la CNDH constata lo que los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) hemos denunciado durante casi 10 años: no sólo la minera ha violado los derechos humanos de las víctimas del derrame; también las instituciones, y de forma persistente a lo largo de casi una década. Éstas no se han coordinado entre ellas para trabajar, cuando es su responsabilidad hacerlo; han omitido cumplir con su responsabilidad; y no han implementado medidas preventivas, administrativas, ni de reparación adecuadas para nadie en la región.
Además, las acciones de remediación y reparación, tanto para las comunidades afectadas, como en términos medioambientales, que algunas autoridades aseguran haber realizado, son insuficientes o inexistentes.
Por otro lado, la CNDH también deja clara (como lo hizo SEMARNAT en su Dictamen) la responsabilidad de Grupo México en este grave desastre, y señala que la empresa tiene la obligación de remediar y reparar el daño persistente; mientras que las autoridades tienen el deber de garantizar que lo haga a través de mecanismos legales. Además, establece que la falta de debida diligencia por parte de la minera para prevenir, y atender el derrame ha generado múltiples violaciones a nuestros derechos humanos y afectaciones al medio ambiente, tal como lo hemos manifestado desde un inicio.
Tras entregada la Recomendación, la mayoría de las autoridades señaladas han aceptado su responsabilidad; sin embargo, la CONAGUA, continúa negándola, lo cual va en la misma línea de su actuar durante años, en los que ha negado el acceso expedito y transparente a documentos oficiales y ha protegido los intereses de la empresa responsable. Por otro lado, el IMSS-Bienestar argumenta que no existía como institución en el momento del derrame, omitiendo que, como autoridad sustituta, tiene el deber actual de proteger a la población y que recientemente ha asumido compromisos en mesas de diálogo con las comunidades.
Han pasado casi dos sexenios y las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar nuestros derechos, mientras la empresa responsable sigue en la impunidad.
Al día de hoy tenemos: metales pesados en la sangre, que se siguen acumulando por la persistente contaminación en agua, aire y suelo; un hospital en obra negra; citas médicas en un Hospital de Especialidades sin toxicólogos, especialistas en salud ambiental o laboratorios para análisis de metales pesados; tinacos almacenando agua de pozos contaminados; y tampoco hay planes ni compromisos para que las 36 plantas potabilizadoras operen a largo plazo. Esto NO es tomar medidas para reparar el daño.
De las recomendaciones que la CNDH hace a las autoridades federales y estatales, en donde se establecen responsabilidades claras, destacamos las siguientes:
- SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar y Gobierno del Estado de Sonora, deberán coordinarse y trabajar para el cumplimiento del Programa de Remediación, así como poner en marcha un mecanismo a fin de garantizar atención médica especializada, acceso a agua potable y lograr la remediación y restitución total conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia ambiental, lo cual se ha postergado durante estos casi diez años.
- Elaborar un diagnóstico respecto de las prospectivas y avances en la remediación del Río Sonora, el cual tendrá el objetivo de establecer una ruta puntual de las acciones implementadas a corto, mediano y largo plazo.
- A SEMARNAT que, en los tres meses siguientes a la aceptación de la Recomendación, ponga en marcha un mecanismo entre instituciones que cuente con la participación directa de la población afectada, por medio de personas que la comunidad designe para su representación, en el cual se informe con la periodicidad que se acuerde entre las dependencias y la comunidad, los avances en el proceso de remediación hasta alcanzar un estado óptimo de remediación con base en lo dispuesto en el Programa de Remediación para el Río Sonora, en atención a lo ordenado en la sentencia del amparo en revisión 640/2019 de la SCJN, respecto de la participación de la población en la toma de decisiones.
- Las autoridades señaladas como responsables deberán realizar “de forma exhaustiva las investigaciones dirigidas a verificar que las actividades extractivas en el Municipio de Cananea por parte del Grupo México, no aporten contaminación adicional a cuerpos de agua, suelo y aire en la realización de sus procesos, específicamente en los relacionados a lixiviación, descargas residuales, manejo de residuos peligrosos y operación de presas de jales”.
- CONAGUA “deberá implementar acciones referentes al acaparamiento del 57% de agua en la zona por parte de Grupo México”.
Los CCRS consideramos que esta Recomendación de la CNDH, aunque tardía, es un paso importante para la búsqueda de justicia. No solo reconoce, la responsabilidad de Grupo México, sino también las omisiones que las autoridades federales y del Gobierno de Sonora han tenido todos estos años, las cuales han generado responsabilidad institucional al no remediar y reparar los efectos causados en nuestra salud física y mental, que actualmente persisten. También, el documento abre un nuevo camino para que estas autoridades asuman su compromiso con la verdadera búsqueda de justicia.
Finalmente, hacemos un llamado urgente a las autoridades para que todas acepten las recomendaciones, se coordinen, asignen personas funcionarias de alto nivel y establezcan de forma inmediata mesas de trabajo con nuestra participación activa, las cuales respeten los acuerdos que se han hecho sobre el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, para así poder comenzar las acciones de remediación y reparación cuanto antes, pues llevamos casi 10 años esperando que cumplan sus promesas.
Nuestra lucha sigue y nos mantendremos atentas y atentos al cumplimiento de la Recomendación. Esperamos que los procedimientos jurídicos que se encuentran en trámite tomen en cuenta este reconocimiento de la responsabilidad de las autoridades por las violaciones a derechos humanos que persisten.
Finalmente, hacemos un llamado urgente a las autoridades para que todas acepten las recomendaciones, se coordinen, asignen personas funcionarias de alto nivel y establezcan de forma inmediata mesas de trabajo con nuestra participación activa, las cuales respeten los acuerdos que se han hecho sobre el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, para así poder comenzar las acciones de remediación y reparación cuanto antes, pues llevamos casi 10 años esperando que cumplan sus promesas.
Nuestra lucha sigue y nos mantendremos atentas y atentos al cumplimiento de la Recomendación. Esperamos que los procedimientos jurídicos que se encuentran en trámite tomen en cuenta este reconocimiento de la responsabilidad de las autoridades por las violaciones a derechos humanos que persisten.
Hermosillo, Sonora, 13 de mayo del 2024.
Comités de Cuenca Río Sonora
Justicia, Reparación, y No Repetición