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LA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH

Veo la recomendación de la CNDH y la comparo con la resolución de la CEDH y simplemente no hay comparación. Cómo pueden ser tan distintos ambos documentos si se refieren al mismo caso, la violación a mis derechos humanos en aquel lejano 23 de noviembre de 2013. Es evidente  el papel de “tapadera” que ha jugado la CEDH en estos operativos para la “detección” de la conducción punible.

 

Dado que ya he externado diversos puntos de vista sobre la resolución local, donde se consideró que no se violaron mis derechos humanos, hoy voy a dedicar este espacio a la Recomendación emitida, en Mayo 30 del año en curso, por la CNDH al presidente municipal de Hermosillo. Dejando a un lado la parafernalia legal y la relatoría de hechos voy a centrarme en algunos puntos que considero son sobresalientes.

1.Se da como válida la queja interpuesta en el lugar de los hechos, el Retén donde me quitaron el auto por una supuesta conducción punible, al reconocer como buena la Constancia de 23 de noviembre de 2012, mediante la cual personal de la Comisión Local, hizo constar la queja presentada por quien esto escribe en contra de servidores públicos del Ayuntamiento.

2.Se dice que del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el recurso de impugnación CNDH/5/2015/263/RI, y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41 y 65 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que en el presente caso se cuentan con evidencias suficientes que permiten acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de mi persona, atribuibles a servidores públicos del Ayuntamiento.

3.Una irregularidad detectada consistió en que fui presentado “por negarse a cumplir una indicación justificada hecha por un policía en el desempeño de sus funciones”, y por haberme negado “a obedecer las indicaciones del médico legista”, sin embargo, no se señalaron cuáles fueron las supuestas indicaciones que me negué a cumplir, como tampoco hay descritos elementos de prueba que demuestren tales hechos. Tal desobediencia queda desvirtuada con la declaración de 28 de febrero de 2013, rendida ante Asuntos Internos, en donde se advierte que el coordinador de médicos legistas manifestó que al momento de aplicar la prueba del alcoholímetro, “el quejoso accedió sin ningún problema”.  

4.Respecto a mi supuesta negativa de a entregar las llaves del vehículo para la elaboración del inventario correspondiente, se advierte que sí acaté esa orden, dado que accedí a acompañar al policía entregándole las llaves, tal como se desprende de la declaración de 11 de febrero de 2013, rendida por el policía ante Asuntos Internos, en la que declaró que “…por lo que le indique que me entregara las llaves nuevamente y que si no me las entregaba iba a quedar detenido por no acatar una orden… se trasladó conmigo entregándome las llaves y acompañándome a elaborar el inventario del vehículo…”. 

5.Es importante resaltar. Dicen, que en el antepenúltimo párrafo del citado informe el responsable del operativo y el policía informaron lo siguiente: “La detención del hoy quejoso no fue por conducir en estado de ebriedad, sino por una actitud ajena a la conducción que encuadra en el artículo antes mencionado del Bando de Policía y Gobierno”.

6.Llama especialmente la atención la indebida fundamentación y motivación de la sanción que se me impuso, ya que el juez calificador al imponerme un arresto por 10 horas por no “cumplir una indicación justificada hecha por un policía en el desempeño de sus funciones, infracción prevista en el artículo 162, fracción V, del Bando, no tomó en consideración que el policía, en el informe de presentación, fundó mi desacato en el artículo 62, fracción 5 (sic), del citado Bando, el cual está derogado desde noviembre de 2008.  

7.De haberse determinado correctamente el arresto, el juez calificador debió haber fijado una multa como alternativa, a fin de que yo pudiera elegir entre cubrir la multa o concluir con mi tiempo de arresto, tal como lo dispone el artículo 253 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, situación que en el presente caso no se cumplió.

8.Se considera necesario que el Ayuntamiento a la brevedad proceda a la realización de las acciones tendientes a investigar las conductas violatorias de derechos humanos de los servidores públicos señalados en la presente Recomendación, así como aquéllas encaminadas a su no repetición. A efecto de calificar el cumplimiento del primer punto recomendatorio, relacionado con la colaboración que presten las autoridades municipales en la denuncia que presentará esta Comisión Nacional ante la Contraloría Municipal de Hermosillo, Sonora, deberán informar sobre las acciones de cooperación que efectivamente se realicen, atendiendo los requerimientos de las instancias investigadoras de forma oportuna y completa, absteniéndose de obstruir las investigaciones.

9.Se diseñe e imparta a los Jueces Calificadores y a los agentes de la Policía Municipal, un curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, que incluya el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con el desempeño de sus funciones en la aplicación de sanciones administrativas, para que cuenten con conocimientos que les permitan desempeñar sus funciones correcta y efectivamente, hecho lo cual se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Creo que con esto es suficiente para darse una idea clara de lo sucedido aunque hay muchas otras irregularidades detectadas por la CNDH, irregularidades que increíblemente no vieron los representantes de la CEDH, liderados por Raúl Ramírez, Ahora, les toca a las autoridades del actual ayuntamiento darle solución final a esta queja. Esperemos que se corrija el rumbo y que se le ponga freno total a los abusos de autoridad que comúnmente se cometen en esos retenes, que además son ilegales.

AUTOR: Isabel Dorado Auz

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