Intervención en Diálogos rumbo al Consejo Nacional Morena

Autor: Gilberto del Real

Consejero Nacional de Morena por Zacatecas

Asisto a este encuentro agradecido por la invitación y muy seguro de que nuestra Declaración de Principios no se equivoca al definir a Morena como un partido sin pensamiento único y que ve en el debate interno un ejercicio de mutuo enriquecimiento intelectual entre los participantes. Actuar de acuerdo a estas verdades tiene su costo cuando la política interna se asume como clientela, pero solo en el intercambio verdadero, que haga coincidir el decir con el hacer, es donde podemos ubicar la nueva ética política por la que luchamos.

Consejeros y Consejeras:

Este Consejo Nacional puede ser la última oportunidad para que nuestro Partido/Movimiento retome su  vocación fundacional de ser el instrumento del pueblo, en la prolongada lucha por la Regeneración Nacional. Luego de una fulgurante carrera de apenas 7 años como Partido Político con registro electoral, nos hemos convertido en la fuerza política nacional más influyente y creíble, la más apoyada por el pueblo de México. Nuestro compañero Presidente conduce al país por una senda de profundas transformaciones, impensables en el México de hace apenas unos años. Hay conducción firme a pesar de las acechanzas de la derecha y sus partidos, claramente hermanados ahora con las fuerzas más retrógradas del capital. Hay firmeza en la conducción nacional a pesar del tortuguismo y de la persistencia o reaparición de vicios en algunas instituciones, y hasta de posibles traiciones. Estamos en la obligación de recapitular con toda objetividad lo actuado, profundizar en las acciones que apuntan a consolidar la transformación social y corregir en donde haya titubeos o desviaciones. El pueblo de México no solo espera eso de MORENA, con pleno derecho nos lo exige.

Transitamos la pasada contienda en medio de grandes vicisitudes internas y externas, alcanzando resultados razonables (salvo en Diputados Federales) aunque desiguales, no solo por la cuantía de la representación lograda sino también por la calidad de la misma, que excluyó a buena parte de quienes vivieron directamente los tiempos y retos de la fundación.

Las dificultades internas en mucho están ligadas a nuestra historia y definiciones desde el 2018, que no fueron suficientes parar obligarnos a avanzar en la necesaria consolidación orgánica y menos ideológica y, por la misma razón, tampoco avanzamos en la consolidación de nuestros órganos de dirección. La consecuencia conocida es que enfrentamos el pasado proceso con una dirigencia nacional producto de un mandato del Tribunal y una encuesta del INE, que jamás se encarnó en la militancia. La dirigencia nacional no logró motivar o ni buscó el accionar armónico y complementario con las dirigencias locales, que en una elección concurrente de tal magnitud era imperativo. La política de alianzas se decidió sin la participación local, ni siquiera a nivel de consulta y algunos Estados ni información oficial recibieron, enterándose de las decisiones solo por notas periodísticas. Las nominaciones de candidaturas adolecieron de tal obscuridad e hipercentralismo que pocos fueron los Estados en que no se presentó una conflictiva profunda. Estas dificultades se resolvieron más por el sentido práctico y la urgencia ante el vencimiento de plazos electorales y por privilegiar la postura y propuestas de grupos de interés locales que sí tuvieron interlocución con el CEN, que mediante la aplicación de las previsiones del Estatuto o las definiciones de principios. El accionar del Partido en tales condiciones no fue lo desplegado que pudo haber sido y grandes contingentes se quedaron sin posibilidad de aportar su esfuerzo, que fue suplido desde lo nacional con relevos provenientes de otros contingentes y bajo otra disciplina, para las tareas vitales de promoción electoral y defensa del voto. Hasta las representaciones ante los Organismos Públicos Locales fueron asumidas y designadas centralmente, desdeñando la opinión y acuerdos locales. En ese desencuentro, que evolucionó hasta la desconexión total, es donde estamos obligados a buscar para superarlos, muchos de nuestros problemas internos, porque tuvieron consecuencias en una menor captación electoral de la que era posible y en serias deficiencias en la defensa de casilla y en el acopio de actas, mismas que dificultaron una mejor defensa legal de los resultados. Otro problema interno ligado es la pobreza de discurso, que al tener como candidaturas y  protagonistas a quienes no vivieron la formativa experiencia de la construcción, o en su caso de lucha social permanente, difícilmente podían exponer propuestas y principios más allá del no mentir, no robar y no traicionar, además del opcional sazón personal o regional del tipo: “amor con amor se paga”.

Las dificultades externas también fueron severas, comenzando por la magnitud misma del proceso cuya concurrencia llegó para quedarse, pero esta fue la primera experiencia nacional de concurrencia casi total. Enfrentamos por primera vez un frente unido de la derecha política y empresarial y sus procedimientos, que llegaron a transgredir la legalidad en cuanto a publicidad y el uso de recursos económicos ante la obsequiosa permisividad del INE. Otro problema vino de la mano con la pandemia, que impidió el desarrollo presencial de asambleas electivas internas y posteriormente, las actividades presenciales de campaña.

Los resultados, disparejos como adelantamos, muestran avances muy importantes en gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos, que desde nuestra perspectiva pudieron ser mejores con la concurrencia armónica de las dirigencias estatales y no en el indeseable papel de convidados piedra. Otro es el caso de la elección de Diputados Federales, que desde el arranque y acertadamente se consideró como la elección estratégica de todo el proceso. Pudimos y debimos tener más diputados y diputadas con una política de alianzas que considerara las condiciones locales y en las propias nominaciones, porque el caudal electoral obedeció más a la motivación ciudadana en torno a gubernaturas y ayuntamientos, además del gran arrastre de nuestro logotipo sustentado en el desempeño de Presidencia de la República. Pero hay un factor adicional que debe ser evaluado. Se trata de la votación que siendo parte del torrente electoral natural e histórico de la Regeneración Nacional, se canalizó a otros partidos coaligados, pero fundamentalmente a Fuerza por México que no podía ser aliado, cuya votación sin ser suficientes para que alcanzara registro nacional, sí distrajo torrente electoral que en aritmética simple impidió el triunfo de morena en distritos que se perdieron por unos cuantos votos. A manera de ejemplo los distritos II y IV de Zacatecas, en los que ese 4 o 5 % marcó la diferencia. Valdría la pena realizar el ejercicio en los 300 distritos para cuantificar ese impacto e identificar razones y protagonistas.

Ante las ya claras señales de un adelanto de los tiempos rumbo a 2024, se hace necesario que éste Consejo Nacional adopte medidas eficaces y urgentes para la reconstrucción partidaria desde el nivel de Comités de Protagonistas del Cambio, que además de ratificar la militancia depure el padrón que ha sido, es y será nuestro gran problema. Se debe proceder luego a la realización de las asambleas electivas que previene el Estatuto (bajo modalidades virtuales, como ya se ha propuesto de persistir la pandemia) y culminar con la instalación del Congreso Nacional y en el seno de éste, la elección de sus órganos nacionales. Cualquier camino que se aparte del Estatuto abrirá peligrosos flancos para una nueva y más destructiva intromisión del Tribunal. La disyuntiva que enfrentamos es clara: o retomamos la vía para consolidarnos como un partido que respete los derechos de su militancia y las facultades de sus órganos locales de dirección, o seguiremos el camino que otras fuerzas nacionales ya han transitado. Esa ruta hacia el fracaso como proyecto social empieza por permitir que el pragmatismo centralista, adorador del triunfo electoral como fin último se nos imponga, al mismo tiempo que se naufraga en el ejercicio de esas representaciones  y encargos ejecutivos, al perder de vista o borrar de nuestro horizonte los objetivos superiores de la Regeneración Nacional, de los que los encargos públicos deben ser solo una herramienta más. Este Consejo debe deliberar y acordar una ruta firme de reconstrucción desde y con la base, que nos comprometa a todos y todas para conjurar en el muy corto plazo nuestra ominosa cercanía al partido franquicia y nos acerque al Partido de ideas y proyecto nacional, que se compromete en nuestra Declaración de Principios aún vigente. La deliberación debe ser amplia, sobre bases firmes y objetivas, que alcance el más amplio consenso en torno al plan emergente de trabajo y su cronograma, así como de los órganos y personalidades responsables, amén del financiamiento que demandará esta que es nuestra impostergable y cardinal tarea. Intensificar las acciones para la gran batalla por la ratificación de mandato del próximo año, exige la mayor y más eficaz cercanía con la base militante y por ello son  inseparables de la gran tarea de  reconstrucción que se está proponiendo.

10 propuestas y una pregunta

1.- Que éste Consejo Nacional se pronuncie categóricamente por mandatar a la Comisión de Organización y al conjunto del CEN para que ponga en marcha el proceso nacional consolidación orgánica, cuyos objetivos serán: la ratificación de la militancia, conducir la nueva afiliación, la credencialización total y la reconstrucción de los Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero, que es el único procedimiento previsto por nuestro Estatuto, sin hacer más distinción que la natural entre  quienes ratifican su militancia y los nuevos afiliados. Solo es posible reconocer el mérito militante como lo hace el sexto Bis del Estatuto, porque la experiencia demuestra que el mérito militante puede alcanzarlo hasta el recién ingresado y la miseria política puede oscurecer trayectorias hasta del fundador de cepa pura. (Debe ser acuerdo del Consejo Nacional contra lo que dice el acuerdo, que lo hace vigente con la sola publicación del CEN y por la participación de Alex Peña, presentándose como tal en el INFP apenas ayer.)

2.-La instancia responsable, se integre su equipo como se integre y sea tan lo amplio como deba ser, tiene que ser la Secretaría de Organización de CEN, porque eso es lo estatutario y porque se requiere ése órgano central para dirigir, validar, supervisar y trasparentar todo el esfuerzo de los órganos locales. La magnitud de la tarea obliga a la concurrencia de personal que asuma algunas responsabilidades en Estados y Municipios, pero en coordinación plena y armónica con las dirigencias estatales. Este Consejo debe dar seguimiento permanente a sus avances y apoyar para superar las dificultades.

3.- Prevenir afiliación clientelar o bajo presión y/o el perverso vaciado de padrones es tarea de todos, pero de presentarse lo tendría que castigar la CNHyJ con la expulsión. El propio Consejo Nacional debe ser la instancia que valide en definitiva todo el proceso en todas sus etapas.

4.-No se debe cambiar el nombre de los Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero (CPCV) porque no lo hemos hecho en un Congreso. Por ese detalle, solo de nombre, el acuerdo sería controvertible.

5.-La herramienta electrónica debe ser auditable exclusivamente por un equipo central plural que debe nombrar hoy este Consejo Nacional y su base de datos debe ser validada al día por INE. Diferir su validación, “hasta concluido el proceso” provocará su reinicio permanente, así sea parcial, por inconsistencias no detectadas, que a posteriori reportará INE. La documental exigida tiene que incluir fotografía actualizada para que se procesen las credenciales de manera simultánea a su validación. Con los datos de la credencial de elector se puede asignar sección, para menores de 18 años se debe incluir en la información que se pide en la solicitud. La verificación de datos e historia política del nuevo solicitante debe pasar por entrevista del Comité Municipal respectivo y hasta entonces aprobar la afiliación. Para quienes ratifican militancia se puede contrastar sus datos con el archivo anterior. 

6.-La constitución de CPCV es obligada y conforme se reúna el mínimo de afiliaciones aprobadas requerido por sección, los responsables locales deben recibir el aviso nacional para que operen las reuniones presenciales constitutivas. La tarea para equipos centrales culmina en esa fase, en tanto que la labor de tierra debe desarrollarse por equipos locales bajo la dirección y supervisión de las Secretarías de organización estatales, de no existir, ahí sí se ameritan delegaciones especiales. 

7.-Los Comités por afinidad pueden y deben instalarse con posterioridad, aunque en el muy corto plazo, para que se involucren en las batallas sectoriales: desde lo sindical, comunitario, cultural, ecológico, libertades, género y demás. Ellos serán el puente válido hacia esos segmentos de la sociedad. 

Las tareas inmediatas de los CPCV una vez constituidos deben ser lectura grupal de Declaración de Principios, difusión de logros del Gobierno Federal y Refrendo del Mandato. Se dé o no este ejercicio lo importante es difundirlo hasta el cansancio. Es de ahí de donde saldrían los 35 o 40 millones de voluntades por la ratificación.

8.- Conforme se vaya alcanzando un avance del 60% o superior en cada nivel, seccional, municipal o estatal, el equipo central deberá emitir las convocatorias correspondientes para instalar cada una de las asambleas, hasta culminar con la instalación del Congreso Nacional.

9.-Que nuestro Congreso Nacional se programe para el 5 o el 24 de febrero del 2022 e incluya, desde noviembre de 2021, la emisión de un boletín de circulación interna que difunda ideas, propuestas y materiales sobre nuestros documentos fundacionales, que nos permita arribar a un Congreso que sea precedido por la más amplia discusión interna.

10.- Que este Consejo mandate al CEN y su Secretaría de Finanzas para que den la más alta prioridad al financiamiento de estas actividades y subordinen a ellas los criterios del gasto partidario en lo que resta del año y los tres primeros meses del próximo.

Tanto la CNHyJ como el CEN, pueden ser evaluados y removidos a causa justa por dos tercios del Consejo Nacional, el problema es que por salir de un hoyo podemos caer en otro más virulento, con posible judicialización e injerencia de TRIFE y sus ya conocidas resoluciones. Cabe entonces preguntarnos ¿Hay acuerdo real y nombres en concreto para sustituir ambas instancias? O se instalaría un comité de salvación nacional?

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