Precisiones sobre la reforma a la industria eléctrica

Autor: HÉCTOR ICTAVIO CARRIEDO SÁENZ

Con una larga lista de privatizaciones, en más de tres décadas, el Estado mexicano socializó las pérdidas y permitió ganancias obscenas a particulares, concesionarios y socios de poderosos grupos oligárquicos.

En México las privatizaciones y concesiones de bienes y servicios públicos a particulares, se hicieron por medio de las reformas estructurales y las llamadas alianzas público-privadas.

En el periodo 2006-2018 el proceso gradual de privatización de actividades de empresas públicas estratégicas como PEMEX y CFE, con el que se prometieron más inversiones, más desarrollo y menores precios y tarifas de los energéticos, se tradujo principalmente en negocios muy lucrativos para empresas privadas y políticos corruptos que fueron sobornados para que se realizaran las reformas que favorecieran los intereses, sobre todo de empresas extranjeras, sin que esto beneficiara a los consumidores con precios y tarifas estables o reducidos de los energéticos, como la electricidad, el gas, las gasolinas y el diésel.

Los gasolinazos frecuentes y los altos precios y tarifas de la electricidad y el gas registrados después de la reforma energética de los años 2013 y 2014 demuestran que dichas promesas de entregar los productos y servicios, con bajos precios para los consumidores, nunca se cumplieron.

Así, ni aumentaron espectacularmente la inversión y el empleo y tampoco se fortalecieron las finanzas públicas; peor todavía, la brecha de desigualdad se amplió y el número de personas con alguna condición de pobreza pasó de 40 a 80 millones de personas.

La industria eléctrica de nuestro país abarca los procesos de generación de electricidad, transmisión, distribución y comercialización. En la generación o producción de electricidad pueden participar empresas del sector privado que le venden la energía generada a la CFE, única dueña de las redes de transmisión, distribución y comercialización.

En estas últimas no puede existir competencia de empresas privadas porque es imposible que haya más de una red nacional en el sistema eléctrico. En el espíritu del artículo 28 constitucional, referente a los monopolios, está la teoría económica que reconoce el monopolio natural en posesión del Estado.

En efecto, la teoría económica neoclásica al hablar de mercados de competencia imperfecta, reconoce que un monopolio natural (generalmente en posesión del Estado) constituye una estructura de mercado donde una sola empresa grande (propiedad del Estado o de un monopolista concesionado o protegido) es más eficiente que un conjunto de empresas concesionarias aisladas, relativamente pequeñas en un sector gracias a sus economías de escala, es decir a sus rendimientos crecientes y costos medios decrecientes.

Concesionar o vender bienes públicos a particulares es convertir monopolios públicos en monopolios privados con poder para fijar precios, no con fines de satisfacer el interés público o social, sino con fines de lucro y beneficio privado.

Con las reformas del periodo neoliberal a la industria eléctrica, la CFE quedó lastimada, cada vez más endeudada, atada y sometida a unas reglas que benefician en exceso a las empresas privadas que generan electricidad, las cuales se habían venido apoderando del mercado eléctrico al tiempo que debilitan a la CFE.

Se trata de la típica situación en la cual una empresa productiva estratégica del Estado mexicano, como la CFE, pone las pérdidas, y las influyentes empresas privadas de generación que forman el mercado eléctrico se llevan las ganancias.

Los contratos todavía vigentes entre la CFE y las empresas privadas son inequitativos y desventajosos, ya que benefician a las empresas privadas y lastiman el interés público. Con la nueva reforma aprobada -que ha suscitado gran oposición de los grupos de interés afectados- se cambiarán esas condiciones lesivas para la CFE que la obligaban a aumentar las tarifas, o a absorber un mayor subsidio del gobierno para resarcir sus crecientes pérdidas, con cargo a la hacienda pública y a los contribuyentes, y solo para beneficio de unas cuantas empresas cuyo fin es el lucro.

Con la nueva reforma, el sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en el siguiente orden: en primer lugar, se subirá a la red de distribución de la CFE la energía producida por las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final la energía de ciclo combinado de empresas privadas. 

Se busca fortalecer a la CFE y no obligarla a comprar primero y en forma preferente energía generada por empresas privadas a precios mucho más elevados, para que la CFE pueda aprovechar la capacidad ociosa de sus propias plantas de generación a fin de beneficiar el interés nacional, y sostener el compromiso a largo plazo del gobierno de la 4T de no incrementar las tarifas de electricidad y garantizar la seguridad energética.

Es falaz afirmar que con esta reforma se esté violando el T-MEC, ya que en los capítulos referentes a monopolios del Estado, hidrocarburos e inversiones, México se reserva su derecho soberano de reformar la constitución y su legislación interna, mutatis mutandis, es decir: cambiando lo que se deba cambiar.

Si el mercado energético estuviera mayoritariamente en manos del sector privado y al arbitrio de las leyes de la oferta y la demanda, seguramente se elevarían los precios de la energía eléctrica, como acaba de suceder con la elevación abrupta de los precios del gas natural en la helada inusual en Texas. Por ello, sin ninguna duda, la rectoría del Estado en una economía mixta tiene, inobjetablemente, grandes ventajas para evitar que aumenten en forma estratosférica los precios de la energía eléctrica, en la cual pueden participar equitativamente en la generación empresas públicas y privadas, con el monopolio natural de la CFE en la transmisión, distribución y comercialización de la electricidad.

Al operar la nueva reforma eléctrica se terminará con años de saqueo del sector eléctrico nacional, con la simulación de precios y con la inmoral entrega de subsidios a empresas privadas con el pretexto de que producen energías limpias, las cuales, por cierto, también puede generar la CFE. 

Durango, Dgo. marzo de 2021

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