POR LA CALIDAD DE DIPUTADOS Y SENADORES

por REZZA PAHAVLEVY TERÁN RODRÍGUEZ
Una de las principales quejas ciudadanas es el número y calidad de diputados y senadores. Además de ser muy numerosos, son excesivamente caros hablando en relación costo-beneficio.

El PRI, propone eliminar a 100 diputados y 32 senadores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales. La propuesta parece buena, se escucha y se saborea justa y necesaria, es también una de las promesas de campaña de Peña Nieto. Desde el 2012 el PRI signó y metió la propuesta, pero en comisiones fue congelada por temor a generar fricciones que pudieran debilitar el pacto por México. Esta reducción de 132 figuras legislativas, significaría un ahorro de 224 millones 431 mil 200 pesos al año. Sin embargo tras un ejercicio intelectual, las cosas empiezan a tomar tintes distintos a los de una propuesta en beneficio del ciudadano.
Cuando estas figuras legislativas fueron creadas, la intención fue evitar las mayorías aplastantes de uno o dos partidos, y que así hubiera mejores contrapesos legislativos. La medida, es claro que no funcionó como debía y el descontento ciudadano se ha generalizado, y es ahí donde el PRI ve y busca aprovechar una oportunidad, que además le pudiera generar simpatías ante la baja de aceptación que experimenta la figura de Peña Nieto a nivel nacional, que arrastra consigo a figuras políticas con aspiraciones públicas en diferentes regiones del país.
En un simple ejercicio de memoria sobre la historia reciente de los gobiernos priistas (esos a los que Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”), observamos el gusto por la centralización del poder y la experticia para manipular –negociar le dicen ahora- al ciudadano como a fuerzas políticas opositoras, de las que hemos observado que tampoco ofrecen mucha resistencia. El PRI, con esta propuesta pretende concentrar la mayor cantidad de poder, disminuir al máximo la necesidad de negociar sus propuestas con representantes de otros partidos, que estarían tan disminuidos como para preocuparse por ellos. La negociación con otras fuerzas políticas le representa al PRI un desgaste político que consideran innecesario y, un gasto económico fuerte como vimos en el pacto por México en la aprobación de varias de las reformas estructurales.
Es claro que al PRI, no le interesa la democracia, ni la austeridad, menos la opinión del ciudadano como para querer ahora una consulta popular, cuando se han negado por todos los medios a una consulta sobre la reforma energética. Lo que quiere es todo el poder.
Si la intención real es ahorrar dinero ante la desaceleración económica que enfrenta México, recuperar la confianza del ciudadano, combatir la corrupción legislativa y fortalecer la democracia, es el momento entonces de ir ahora por otra reforma profunda, una impulsada por los ciudadanos. Hace poco, en Facebook, leí una propuesta coherente de una ciudadana llamada María Torres, propuesta que de verdad equilibraría las fuerzas legislativas y beneficiaría al ciudadano. Una propuesta aún perfectible y que se intentará meter al congreso con apoyo ciudadano. La propuesta incluye, por ejemplo:
1.- Eliminar las figuras de representación proporcional (como argumenta el PRI)
2.- Que a nivel federal solo haya 1 senador por Estado y un máximo de 2 diputados federales por Estado.
3.-Reducir su salario en un 70% (servir a México es un honor, no un negocio).
4.-Que no puedan votar sus propios aumentos, ni otorgarse bonos.
5.- Que no manejen ellos dinero por concepto de gestión legislativa, que se destine directo a instituciones donde el ciudadano pueda dirigirse.
6.- Eliminar su seguro de gastos médicos mayores, que se atiendan en IMSS o ISSSTE o por su cuenta.
7.- Reducirles en 50% apoyos para gasolina, celular, comidas y viáticos.
8.- Que en los congresos locales y el federal se adapten cuartos con baño, cocineta, lavadora, y recámara para que los legisladores foráneos los ocupen cuando viajan de sus lugares al congreso y eliminar los apoyos que se les otorgan para renta de casa u hotel.
9.- Serán sometidos a exámenes de control de confianza, incluyendo polígrafo y exámenes antidoping, como requisito para ser candidato a diputado o senador y repetir estos exámenes cada 6 meses en caso de resultar electo. En caso de no pasar los exámenes deberá ser separado de su función de manera voluntaria, de negarse a hacerlo, el partido que lo postuló recibirá una sanción económica y una disminución de su presupuesto anual.
Son solo 9 puntos de varios más. El PRI, si quiere demostrar una intención democrática real, debe ser incluyente al sentir ciudadano, yendo más allá de solo extinguir la presencia de 132 diputados y senadores. Y el gobierno federal debe explicar cómo se usará el billón o mucho más de pesos que se estaría ahorrando con las anteriores propuestas. Además el PRI debe explicar qué criterios sigue para negar una consulta popular, argumentando el artículo 40 constitucional , y promoviendo ahora una consulta popular que también sería una contradicción a este mismo artículo ¿Por qué una sí y la otra no? ¿Dónde quedó la congruencia? “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.
Autor: Rezza Pahavlevy Teràn Rodrìguez

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