JUICIOS ORALES EN SINALOA

por HORACIO ORDUÑO MORALES
El Juicio Oral, se entiende como aquel principio procesal encaminado a la relación directa de los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas.

Con la implantación de los juicios orales en el Estado de Sinaloa, la administración de justicia coadyuvaría a desterrar la lentitud en el desarrollo de los procedimientos que en la actualidad tanto han deteriorado la imagen del Poder Judicial y específicamente de los jueces, quienes encerrados en sus oficinas se aíslan del desarrollo de las audiencias, ya que en la práctica y bajo el actual sistema, éstos se han vuelto seres inexistentes en las audiencias, y los procesados difícilmente llegan a conocer a quien los juzga, siendo los secretarios de acuerdos los asistentes en la conducción y resolución práctica de los procesos, más no en la formal.
Con la simplificación que se haga de los procedimientos para acceder a la justicia, la ciudadanía se verá motivada a ejercer mayormente su derecho constitucional a denunciar, lo que permitirá disminuir la elevada cifra negra del delito y contribuirá en general a promover más la acción de la justicia. Esta debe ser la prioridad y respuesta a los incesantes reclamos sobre los elevados índices de impunidad que se registran en Sinaloa.
En el caso del juzgador, se infiere la necesaria inmediatez para que éste conozca de viva voz los argumentos de las partes en un juicio y el encausado conozca y escuche personalmente el desarrollo del proceso, ya que en el terreno de la realidad la sobrecarga laboral de los defensores de oficio, y en ocasiones la falta de ética de algunos colegas, impide explicar a sus defendidos los términos y avances de su causa penal, ante lo cual el procesado solo debe concretarse a firmar, sin entender, en la mayoría de las veces, lo que realmente sucedió durante el desahogo de las diligencias, ni las consecuencias de estampar su firma en las actuaciones, hasta que la realidad los alcanza y son notificados de sendas sentencias.
Se implementan en Sinaloa con el fin de ofrecer procesos más justos para los ciudadanos, reducir hasta en un 10 por ciento los casos que puedan llegar a juicio y por ende el número de internos en las cárceles, desaparecer la figura del arraigo y bajar hasta en 24 horas los procedimientos que llegan a los Juzgados Penales, no obstante de que en julio del 2013 se implementaron los juicios orales en Sinaloa, lo cierto es que a partir del año 2016 se implementaran en esta capital, el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación e Implementación del Sistema de Justicia Penal de Sinaloa dijo que para iniciar con este proceso se van a realizar una serie de modificaciones al actual Código Penal que existe en la entidad, a fin de modificarlo y adecuarlo en cuanto a la despenalización de ciertas conductas que se plasman actualmente y establecer las penas que se otorgarán en caso de personas que resulten culpables.
Este proceso en mi particular opinión se torna más que complejo, debido principalmente a los cambios que se realizarán ya que el actual sistema de justicia en la entidad cuenta con 111 años, por lo que se debe de modificar la aptitud y cultura de los funcionarios que tomarán las riendas de los juicios orales y la de los propios ciudadanos por la corrupción galopante no solo la que impera en Sinaloa sino la de todo el resto del país.
En este sentido se inscribe la evaluación que deba hacerse sobre la conveniencia de instaurar juicios orales en Sinaloa, lo cual conlleva un análisis actual del sistema de impartición de justicia penal en su conjunto con visión de largo alcance, sobre la composición institucional del Poder Judicial y de la forma como se desarrollan los procesos y procedimientos penales y en este sentido que cuando decimos que los juicios orales son públicos, es porque toda la sociedad se entera cómo se lleva a cabo los procedimientos para enjuiciar a alguien. Este punto en particular no puedo decir que es el más importante ni el único, sí es uno de los aspectos más relevantes ya que a partir de ahí la sociedad se entera cómo se juzga, y ese es un gran problema en Sinaloa y en todo México ahorita: la sociedad no se entera cómo se juzga, este sistema acusatorio no sólo busca sanciones penales, sino soluciones alternativas como negociación y conciliación en delitos considerados no graves y que los juicios tengan soluciones alternativas a las sentencias y buscar restablecer el tejido social.
los juicios orales cuentan con dos vertientes en las que trabajan los Jueces, que son la del Procedimiento Abreviado en la cual los procesos se reducirán de 24 a 48 horas y la del juicio oral, misma que respetará en tiempo y forma los plazos que marca la Constitución para un procedimiento que es de uno a 4 años, además en los juicios orales se descarta la figura del arraigo, misma que solo se contempla para los delitos de delincuencia organizada que son investigados por la autoridad federal, además de que todas las pruebas que se tengan que aportar ante un Juez serán entregadas el mismo día bajo el principio de concentración. De igual manera este novedoso proceso tendrá un impacto contundente y rápido al problema de sobrepoblación en los penales, ya que al reducir las causas de internamiento preventivo del 100 a un 10 por ciento en caso de delitos graves, se generará una reducción de reos de nuevo ingreso.
La función jurisdiccional como símbolo de estabilidad e imparcialidad presupone un sistema eficaz de operación para individualizar la aplicación de la norma el cual está sustentado en principios de independencia, eficiencia, accesibilidad y certeza, no obstante, en su forma actual trabaja con mecanismos fríos, ritualistas y burocráticos, con lo cual, lejos de lograr sus objetivos, sus resultados generan exceso de trabajo en el Poder Judicial, lentitud en la resolución de las causas penales, además de incrementar en algunos casos los índices de impunidad y elevar la contaminación delictiva de las personas sujetas a proceso, propiciando una sobrepoblación del ya deficiente sistema penitenciario mexicano.
La fracción VIII del artículo del artículo 20 Constitucional establece que entre las garantías del inculpado está el que será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa, en la práctica esta situación no se cumple en todos los casos, ante excesiva duplicidad de trabajo respecto a la actividad investigadora hasta acreditar la presunta responsabilidad y el cuerpo del delito que realiza el Ministerio Público para repetirlo íntegramente durante la actividad jurisdiccional sin que se propongan alternativas para evitarlo, a sabiendas de sus costos sociales y económicos.
En contraste a este estado de cosas, pero sin verlo como una panacea, los beneficios que vendría a aportar al sistema de impartición de justicia en los procesos bajo el sistema oral, deben ser evaluados partiendo del análisis específico de su operación, en los cuales, desde la preparación de un caso se puede acceder a mecanismos que permiten una solución rápida sin que éste llegue a la jurisdicción de un juez, cuando no existen pruebas suficientes que lo soporten, con lo cual se eliminan las prácticas aberrantes de consignar asuntos incluso por mera sospecha y poner innecesariamente en movimiento una costosa maquinaria de justicia, además de evitar la flagrante violación a los derechos humanos de las personas internas en los reclusorios preventivos al estar conviviendo ilegalmente procesados con sentenciados ante la falta de espacios suficientes para separarlos según lo establece la Constitución Política.
A partir de la incorporación del nuevo sistema de juicios orales en México, en sus primero 3 meses de implementación, en los juicios penales del orden común, el 80% se resolvió mediante la conciliación o la aceptación de los cargos en caso de flagrancia, lo que representa que solo el 20% debe ser llevado a juicio.
Con base en lo anterior, es impostergable llevar al terreno de la consulta y el debate especializado la propuesta de reforma procedimental que conllevaría a la instauración de los juicios orales en México, ya que no obstante que somos partidarios de su implementación, ésta debe darse de manera muy cuidadosa ya que no se debe importar un sistema de otros países sin conocer a ciencia cierta y analizar a fondo las experiencias de quienes ya los han implantado y de quienes actualmente tienen bajo su responsabilidad la ardua tarea de impartir justicia, este debate deberá conjuntar las mejores experiencias en el tema y proponer un modelo de oralidad ajustado a nuestras costumbres y cultura.
Como antecedente en México, el actual titular del Poder Ejecutivo elevó una propuesta al Poder Legislativo sobre el tema al que nos referimos, en buena medida se presentó como reacción para enfrentar el problema de los elevados índices de inseguridad que se registran en todo el país. Sin embargo, esta propuesta debe surgir, no como una reacción a los problemas, sino como voluntad para el mejoramiento de los niveles de satisfacción de los ciudadanos que demandan una justicia equitativa, transparente y expedita.
La implantación de los juicios orales requiere voluntad de cambio, mayor capacitación de los funcionarios públicos y sobre todo, el compromiso de los integrantes del poder judicial ya que implicará fundamentalmente que los jueces abandonen sus oficinas para presenciar, dirigir y resolver en las mismas audiencias; ese es el verdadero sentido de un juez, resolver sobre la marcha en interacción con el Ministerio Público, al efecto, deberán elaborarse estudios sobre el costo beneficio y la opinión de calificados especialistas en el tema para dejar atrás el sistema escrito que solo ha burocratizado la procuración y administración de la justicia, haciéndola fría y deshumanizada.
Autor LIC. HORACIO ORDUÑO MORALES
TELCEL: 6671847448
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